Abordar la confidencialidad, autonomía del paciente y responsabilidad institucional en el tratamiento y protección de los datos de ususarios y pacientes, fueron parte de los temas abordados en esta mesa redonda.

El Comité de Ética Asistencial del HEC organizó una mesa redonda con el objetivo de abordar la confidencialidad, autonomía del paciente y responsabilidad institucional en el tratamiento de datos, entendiendo las implicancias que este reglamento tiene particularmente en salud, donde los antecedentes médicos, fichas clínicas, resultados de exámenes y otra información tiene el caracter de sensible, y por ello debe estar sujeta a una doble protección.

Los encargados de exponer los alcances de esta normativa fueron los abogados Marcelo Drago, ex presidente de Consejo para la Transparencia, y Alejandra Martones, ex asesora jurídica de la Subsecretaria de Salud Pública, quienes fueron invitados por el Dr. Jaime Burrows, presidente del Comité de Ética Asistencial del Hospital El Carmen.

El subdirector de Gestión Asistencial del HEC, Dr. Rolando Marín, felicitó la iniciativa dirigida a directivos, jefaturas y funcionarios tanto clínicos como administrativos del hospital, que velan por el cumplimiento de la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, al respecto indicó que “En la actualidad, la velocidad con la que se transmiten los datos es indispensable para resolver problemas de salud de algunos pacientes. Sin embargo, la vulnerabilidad de estos datos puede estar expuesta cuando se utilizan instrumentos que no están validados y no tienen la seguridad para resguardar los datos sensibles de los pacientes”, señaló.

La Ley 21.719, es una reforma estructural que modifica la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada, modernizando el estándar de protección de datos personales para alinear al país con normativas internacionales, y define como datos personales sensibles aquellos que se refieren  a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, que revelen el origen étnico o racial, la afiliación política, sindical o gremial, la situación socioeconómica, las convicciones ideológicas o filosóficas, las creencias religiosas, los datos relativos a la salud, al perfil biológico humano, los datos biométricos, y la información relativa a la vida sexual, a la orientación sexual y a la identidad de género de una persona natural. Sobre su entrada en vigencia se espera que sea el 1 de diciembre del presente año, sin embargo el Gobierno ingresó un proyecto de ley al Congreso para postergar su entrada en vigencia al 1 de diciembre de 2027.

“Esto implica que el hospital tiene que tomar un giro para poder resguardar los datos de los pacientes, sobre todo datos sensibles, y buscar la forma de mejorar la transmisión de esta información con instrumentos que tengan un grado de protección y den la mayor seguridad posible”, agregó el Dr. Marín.

El cambio regulatorio supone una nueva forma de comprender los datos de salud, donde el hospital tiene el deber institucional de acreditar que cada tratamiento tiene una finalidad, fundamento jurídico y medidas de resguardo. Es decir, los datos no pertenecen libremente al sistema, ya que el titular conserva derechos exigibles incluso dentro de la atención pública. Este nuevo estándar trae consigo además una nueva autoridad, que es la Agencia de Protección de Datos Personales, con funciones de fiscalización, instrucción y sanción.

Esta interesante es el pinta pie inicial para que los equipos comiencen una revisión de sus procesos y comiencen un debate en torno a la estandarización de ciertos protocolos. “Probablemente las viejas prácticas que teníamos de pasar y solicitar información vía sistemas de mensajería, la utilización de IA con datos sensibles o la utilización de bases de datos que no estén cifradas, que no estén protegidas, ya no va a poder ser y por eso debemos dar un giro a la profesionalización o buscar nuevas alternativas de compartir este tipo de información sensible”, enfatizó el Subdirector de Gestión Asistencial.

Por su parte, el Dr. Jaime Burrows indicó que la nueva Ley de Protección de Datos Personales de Chile “representa una reforma importante en la regulación de la privacidad y del uso de información personal”, materia de especial interés para el Comité de Ética Asistencial.